La distribución de la tierra es uno de los temas recurrentes al hablar de la agricultura familiar campesina,
por las implicancias en su Desarrollo productivo. En Paraguay, si bien el Estatuto Agrario establece el derecho prioritario de acceso a la tierra a los más vulnerables, en la práctica este acceso se define en el mercado, desde la oferta y la demanda, mediante el reconocimiento de la propiedad privada. Esto privilegia el acceso a los no sujetos de la reforma agraria, a extranjeros, a empresarios y dueños de capitales, a personas vinculadas con el poder de turno, lo que explica el acaparamiento de las tierras por unos pocos propietarios y la exclusión de grandes masas campesinas (CADEP, 2.020, p.35).
Aplicando el coeficiente de GINI para medir la desigualdad en el acceso a la tierra, se concluye que el
Paraguay (0,93) es el país con mayor desigualdad en la distribución de este recurso en América del Sur,
superando el promedio de la región (0,85), seguido por Chile (0,91), Venezuela (0,88), Colombia (0,88),
Brasil (0,87), Perú (0,86), Uruguay (0,84), Argentina (0,83) y Ecuador (0,80). La desigualdad en la tenencia de la tierra en Paraguay ha ido en aumento hacia una perfecta desigualdad. El Censo Agropecuario de 1943/44, arrojó una desigualdad del 0,75, que probablemente hubiera sido mayor si se hubieran incluidos los grandes e históricos latifundios, que fueron dejados de lado deliberadamente por no dedicarse a la agricultura. Con el censo de 1991, los niveles de concentración de las tierras alcanzaron 0,91 de desigualdad y con el de 2008 llegó a 0,93 utilizando el coeficiente de GINI. En los últimos tres censos, permanece el predominio de las fincas campesinas en la estructura agraria manteniéndose en alrededor del 90%, en tanto que la superficie total no logra superar el 10%, en ningún caso. En efecto, los censos de 1981 y 1991, muestran que llega a alcanzar su punto más alto con 9,7 y 9,8%, respectivamente, para reducirse abruptamente a sólo 6,03% en el censo de 2008.
Este Censo muestra una gran pérdida de superficie de las fincas destinadas a la agricultura familiar acentuada por el avance de la agricultura empresarial. (CADEP, 2.020, p.36).